El Secretario General Adjunto del SMATA dice que la solución al trabajo no registrado es combatir a quienes venden en negro

El Secretario General Adjunto del SMATA, Mario “Paco” Manrique, advirtió que “reformar la Ley de Contrato de Trabajo no asegura generar más empleo” y reclamó un acuerdo entre el Estado, los gremios y el sector empresarial para formalizar a 4 millones de personas. Al respecto, señaló: “No hay que tenerle miedo a la modernización, hay que tenerle miedo a la injusticia”.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei vuelve a poner sobre la mesa un grave problema estructural: la informalidad generalizada en el empleo. Ante este escenario, en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el representante del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario “Paco” Manrique, advirtió que la solución al trabajo no registrado implica combatir a quienes venden en negro, ya que el problema no es solo la falta de legislación, sino también la evasión fiscal y la informalidad en ventas y facturaciones, y pidió un acuerdo entre el Estado, los gremios y las empresas para formalizar a millones de argentinos.

El sindicalista y político argentino Mario Roberto “Paco” Manrique, vinculado al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), fue electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2023. Se incorporó al gremio en 1991 como delegado sindical, luego asumió como secretario de organización, hasta convertirse en 2008 en el segundo al mando del sindicato. Al frente de su rol como diputado y dirigente gremial, cuestinó con dureza a la Confederación General del Trabajo (CGT), al sostener que “no es representativa de los derechos de los trabajadores”.

La pregunta obvia: ¿cómo evalúa la nueva cúpula de la CGT? ¿Le parece satisfactoria su conducción actual, y por qué?​

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No puedo hacer una evaluación certera sin que esta nueva conducción haya comenzado a tomar definiciones concretas. Evaluar un liderazgo nuevo sin haber transitado un camino sería incorrecto. Sin embargo, espero que impriman una nueva impronta y tengan posicionamientos claros, dirigidos permanentemente al pueblo laburante, para marcar objetivos colectivos y para reaccionar con claridad ante medidas del gobierno que afectan la vida social de todos los argentinos. Esta conducción enfrenta un momento muy complejo, con temas muy delicados sobre la mesa.

Respecto a la informalidad laboral, ¿qué solución plantearía para la casi mitad de los trabajadores argentinos que no están registrados? ¿Cuál debería ser la legislación que permita resolver este problema?

Este problema no se resuelve únicamente con legislación formal. Se necesita potenciar una economía sólida y un mercado interno fuerte, donde la clase media incremente su poder de consumo y dinamice la economía, generando más empleo en el proceso. Luego, se deben otorgar facilidades a los empleadores para que puedan contratar nuevos trabajadores, con beneficios fiscales temporales durante la etapa inicial para afianzar esos empleos, lo cual debe ser acordado mediante los convenios colectivos. Pero el punto de partida ineludible es una economía competitiva y con capacidad de exportación. Me gustaría cerrar diciendo que no es correcto plantear reformas laborales que busquen reducir derechos.

Es innegable que el problema de la informalidad laboral en Argentina es multicausal. Como usted menciona, una simple legislación en un país con bajo consumo no puede por sí sola generar empleo. La condición macroeconómica de un mercado interno sólido y en crecimiento es fundamental. Entre 2002 y 2012, con una década de crecimiento sostenido impulsado por políticas económicas favorables, la tasa de informalidad se mantuvo alrededor del 35%, menor al actual 43,2% registrado en el segundo trimestre de 2025 según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). ¿No cree que una legislación más efectiva podría contribuir, junto al crecimiento, a reducir esa brecha?

La legislación debería ser más estricta con quienes emplean personal no registrado y con los que no facturan en sus comercios. Ahora, ¿más dura en qué sentido? Porque a veces se malinterpretan las palabras. Cuando hay consumo pleno y trabajadores sin registrar, lo que existe es evasión impositiva. En ese caso, el Estado está fallando: debería ser el contralor que impida esa situación.

Le menciono algo que planteó el presidente de la Fundación Mediterránea, Carlos Giordano, exministro de Economía del peronismo cordobés, que coincide parcialmente con su mirada. Él decía: “Para que existan empleados en negro, primero alguien cobra en negro, porque necesita dinero no declarado para pagarles”. Es decir, el problema empieza en la facturación irregular. Si el ingreso fuera en blanco y se abonaran salarios en negro, ese empleador terminaría pagando mucho más impuesto a las ganancias, porque no podría descontar esos costos. Entonces, si alguien vende en blanco y paga en negro, se estaría perjudicando a sí mismo. En definitiva, el problema es concurrente.

Exactamente, es la famosa renta no declarada. Por eso, este es un esquema que hay que repensar a fondo. No se trata de demonizar a todos los empresarios, pero sí de diferenciar responsabilidades. Si vamos a discutir una reforma tributaria, hay sectores a los que habría que reducirles la carga fiscal. En Argentina hay productos que soportan más del 50% en impuestos. Y luego, algunos empresarios señalan al “costo laboral” como el obstáculo.

Por ejemplo, el impuesto a los Ingresos Brutos: en varias provincias se paga tres veces —al producir, al comercializar y al patentar—. Un automóvil tributa ese gravamen en cada instancia. Esa es la distorsión que debe abordarse con seriedad. Nadie se opone a modernizar el sistema. La actualización laboral es necesaria, pero debe hacerse con equilibrio. Desde el peronismo, junto a los diputados sindicales y la Comisión de Trabajo, estamos elaborando nuestro propio proyecto de modernización laboral. Buscamos un texto que contemple nuevas realidades, como los empleos en plataformas digitales, las tareas de cuidado, la reducción de la jornada y la participación en las ganancias. No rechazamos los cambios por inercia: proponemos una reforma integral que fomente la creación de empleo sin vulnerar derechos.

Si la economía no se pone al servicio de la política, todo se vuelve muy difícil. En definitiva, una reforma o modernización laboral no puede avanzar sin una modernización tributaria que la acompañe. Hay que abordarlas en conjunto para que impulsen la generación de empleo.

Exacto, si planteamos eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, para que los trabajadores dejen de tributar y ese dinero vuelva al consumo, no podemos discutirlo solo desde lo laboral. Hay que analizarlo también desde lo impositivo: ¿cómo se cubre esa pérdida fiscal? ¿de dónde salen los recursos si además queremos aliviar la carga a las pymes? Todo eso requiere planificación y una ley de presupuesto que lo respalde.

Y en relación al trabajo en aplicaciones, que ya alcanza al 8% de la población activa, ¿qué solución imagina? Es un debate global, presente en España y en gran parte de Europa.

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Estamos trabajando en ese punto. Queremos otorgar cobertura legal a esos trabajadores, garantizar su registración, aportes jubilatorios y obra social, y establecer el derecho a la desconexión. Aunque su modalidad sea flexible, deben contar con los mismos derechos que un trabajador industrial o fuera del ámbito digital. Son cuestiones complejas, porque muchas plataformas tienen sede en el exterior. Pero el proyecto avanza en esa dirección: darles un marco regulatorio coherente que respete su libertad, pero proteja su estabilidad. Buscamos asegurar que puedan elegir sus horarios con límites razonables, preservar su privacidad electrónica y evitar bloqueos arbitrarios de las plataformas. Junto al sindicato que los representa, creemos que podremos lograr una propuesta sólida y equilibrada.

Fuente: Modo  Fontevecchia